El profesor Fernando Purcell acaba de inaugurar su blog de opinión en La Tercera, dedicando sus primeras líneas a reflexionar sobre "Trump, los inmigrantes y la ley
Donald Trump ya fue electo y nada hace presagiar que en el marco de la reunión de los colegios electorales de cada estado el 19 de diciembre, haya un cambio de decisión de los electores, cuestión que jamás ha ocurrido en la historia de este país. Por lo tanto, debemos preocuparnos de las señales que Trump entregue sobre las políticas que buscará implementar a contar del 20 de enero de 2017. Al respecto, resulta preocupante su ambigüedad respecto de la deportación masiva de inmigrantes planteada en su primera entrevista televisiva como presidente electo en la cadena CBS. Si bien apuntó como objetivo inicial la deportación de indocumentados con prontuarios criminales, el señalar que estos podrían ser dos, o quizá tres millones, no hace más que transformar la ambigüedad en ansiedad. Sobre todo cuando la suerte de los otros ocho millones de indocumentados, aquellos sin antecedentes delictuales, sería definida, según palabras de Trump, una vez que se refuerce la frontera con México a través de muros o vallas.
Más allá de que en su entrevista pueda haber morigerado levemente la vehemencia de las posturas anti-inmigrantes de la campaña, su displicencia y las reacciones de violencia que se han evidenciado contra inmigrantes en miles de comunidades a lo largo del país en la última semana, nos hablan de un clima anti-inmigrante que ya está instalado en la nación, y validado por el propio presidente electo. Esto resulta extremadamente preocupante y nos hace recordar la historia de Estados Unidos de inicios del siglo XX en relación a los inmigrantes y la Native Origin Act o ley de cuotas de 1924, que implícitamente reconoció que el origen e identidad nacional se asociaban exclusivamente al componente anglosajón.
Si bien las palabras y discursos de Trump han sido muy importantes para generar un clima nacional, una sensación de validación del racismo y la discriminación contra los inmigrantes, no hay que olvidar el papel que jugarán las leyes en su mandato. En primer lugar es necesario reconocer que el propio Obama ha deportado más de dos millones de indocumentados, la gran mayoría de ellos con antecedentes delictuales, por lo que nada hace suponer que Trump pueda ver contenidos, legalmente, sus esfuerzos por deportar a ese perfil de inmigrantes. ¿Y los otros 8 millones de indocumentados sin antecedentes penales? Aquí el asunto se torna más complejo y el escenario político relevante, porque hay predominio republicano en ambas cámaras legislativas y porque será Trump y no Obama quien nomine al reemplazante del fallecido juez de la Corte Suprema Antonin Scalia.
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