En Chile, en el siglo XIX, los inspectores y los subdelegados eran los funcionarios que administraban justicia a escala territorial local, es decir, respectivamente en los distritos y en las subdelegaciones que componían la República. Eran nombrados por el gobernador del Departamento entre los hombres que sabían leer y escribir, que eran dotados de cierta independencia económica, y que gozaban de buena reputación social. La gran mayoría de ellos no poseía una formación en derecho y tampoco conocimientos jurídicos: eran jueces legos , en oposición a los abogados de las universidades, los letrados . Inspectores y subdelegados conocían, solamente de forma verbal, juicios de mínima y menor cuantía. En el caso de los subdelegados, estos también conocían delitos leves; es decir, los juicios más comunes y numerosos. Por otra parte, inspectores y subdelegados asumían prerrogativas administrativas y policiales amplias, manejando un cúmulo único de funciones, que los hacía responsables del orden público en su circunscripción. Todo esto, sin ninguna remuneración ni gratificación de parte del Estado: se trataba en realidad de cargos concejiles, asumidos gratuitamente.

Descendientes directos de los "jueces rurales", de la época colonial, los inspectores y los subdelegados constituyen ejemplos de una justicia flexible y pluralista en las fuentes en que se basaba, capaces de adaptarse a las especificidades locales e individuales. No obstante, con las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, la justicia tendió a rigidizarse para hacer de la ley del soberano una fuente única y exclusiva, aparatando poco a poco las otras fuentes de derecho, como la costumbre, la equidad, y la libre interpretación del juez. Sin romper con esta herencia, el siglo XIX reforzó esta "petrificación jurídica" con la codificación que puso en práctica el imperio de la iente constitucionalista condujo a la redefinición de las relaciones sociales en nombre de la soberanía popular y a la implementación de instituciones políticas dando paso a administraciones modernas. Así, la cultura jurídica y política que tomó fuerza en Chile después de la independencia se sustentaba en conceptos tales como la división de los poderes y el positivismo legal.